Vigencia de categorías coloniales

I.

La dominación europea iniciada a finales del siglo XV dio lugar, en términos muy generales, a un tipo de relación entre quienes colonizaban y quienes eran colonizados, relación que con el tiempo se expresó en el lenguaje mediante el término indígena para referirse a los habitantes de los espacios colonizados. Es decir que indígena refiere genéricamente, partiendo de la posición de los colonizadores, a los “naturales” de los territorios colonizados. Entonces, en la relación entre colonizadores y colonizados, los primeros definen como indígenas a los segundos en tanto ellos son extranjeros (alienígenas) con respecto a la población y al espacio conquistado. Por tanto, indígena fue una categoría colonial para nombrar, de manera indiferenciada, a un sinnúmero de poblaciones sometidas a la colonización a lo largo y ancho del mundo.

En el caso específico de América, el término indio fue el que se usó para nombrar a los “naturales” del continente. Con la independencia de los Estados latinoamericanos, se fue adoptando el uso del término indígena para referirse a los indiferenciables “indios”. Esta adopción es muy expresiva pues evidencia como en los nuevos Estados se reproducían las diferenciaciones coloniales no solo del pasado inmediato, sino de las que se establecían en el mundo por medio de la dominación de potencias europeas. Lo que quiere decir que las castas que dominaban los nuevos Estados latinoamericanos veían su situación de poder en relación a la colonización europea en el mundo.

Desde los años 70 del pasado siglo, el término indígena fue usándose en diferentes eventos a nivel internacional para designar a minorías étnicas y promover acciones para “protegerlas”, lo que con el tiempo fue siendo parte de políticas promovidas por varios organismos internacionales, como la ONU. En los años 90 estas políticas, y por lo mismo el término indígena, fueron asumidas por varios estados latinoamericanos, reconociendo así la existencia de pueblos indígenas en sus constituciones, y ello conllevaba la obtención de financiamientos.

En general, la nominación o identificación sobre ciertas poblaciones por medio de la palabra indígena es algo que lleva la huella de la colonización y se les impone a esas poblaciones a partir de una relación de fuerza. Con los procesos de descolonización, luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se vio en el problema de reconocer nuevos Estados surgidos en el llamado tercer mundo. En el caso de América la cosa era más complicada porque los Estados se habían independizado en el siglo XIX pero existían poblaciones que sufrían de racismo por aspectos socioculturales y somáticos. Para estas poblaciones se pensó promover “autonomías indígenas” y de esa forma el término fue siendo posicionado para nombrar a minorías étnicas que vivían lejos de las urbes.

Por lo tanto, cuando se habla de indígenas, estamos ante la adopción del lenguaje colonial para promover acciones que se cree favorecerán a grupos racializados. Se trata de un lenguaje técnico dentro del marco de proyectos promovidos por organismos internacionales y adoptados por varios Estados.

II.

En el caso específico de Bolivia (es acá donde vivo y lo que conozco del tema se refiere a este país), con la aprobación de la constitución (2009) hoy vigente, se ha “reconocido” a habitantes de áreas rurales como “indígena originario campesinos”, hecho que tiene sus antecedentes en el reconocimiento de la condición multiétnica y pluricultural que se dio en el país en los años 90. Se entiende que Bolivia es un Estado Plurinacional por reconocer la existencia de 36 naciones “indígena originario campesinas” con sus “usos y costumbres”.

Hay una diferenciación que se hace cotidianamente con relación a estas llamadas naciones: indígenas de tierras altas (aymaras y quechuas fundamentalmente) e indígenas de tierras bajas. Cabe hacer notar que el hecho que se hayan sumado tres palabras para formar la categoría “indígena originario campesino” refiere a tres organizaciones: CIDOB (indígenas de tierras bajas), CONAMAQ (originarios de tierras altas) y CSUTCB (campesinos de altiplano y los valles, pero además, muchos migrantes asentados en tierras bajas). Cabe notar también que en las llamadas tierras bajas las organizaciones prefieren el uso del término indígena, mientras que en tierras altas, en el caso de CONMAQ, privilegia el uso del término originario; otras organizaciones usan de manera indistinta indígena u originario, y en los últimos años, “indígena originario campesinos”.

También hay que considerar que la situación de exclusión ha generado estrategias de exhibición exótica entre las poblaciones racializadas para llamar la atención. Entonces, desde los años 80 básicamente, en muchos pueblos, varios activistas y funcionarios de ONG’s fueron promoviendo proyectos que para ser “viables” debían realizarse con poblaciones “indígenas”, entendiendo a éstas como grupos que desde tiempos inmemoriales conservan sus “usos y costumbres”. Así, los habitantes de esos pueblos asumieron que para obtener algunos recursos o ser favorecidos por algún proyecto tenían que mostrarse como reacios a los cambios y como entusiastas defensores de la tradición (hablando de cosmovisiones, haciendo rituales, vistiendo “ropa tradicional”, etc.), buscando encajar en el estereotipo sobre los “indígenas”. Lo resaltante es que cuando los funcionarios de ONG’s y del Estado (que representan para esas poblaciones posibles recursos económicos) se retiran, la vida de los pobladores vuelve a ser normal, dejando de lado el exotismo y las expresiones folklóricas.

Asimismo, a nivel internacional, se han formado “élites” entre estas poblaciones “indígenas” y que se autoidentifican como tales para ser favorecidos por la discriminación positiva, apelando a los sentimientos de culpa de los “blancos”. Estas élites, exhibiéndose exóticamente, suelen ser reunidas en eventos internacionales que no han mejorado la vida de las poblaciones consideradas indígenas (claro que la vida de estas “élites”, que viven de la discriminación positiva, sí ha mejorado). Más que la capacidad [ni hablar de legitimidad] de quienes forman esas élites, lo que las posiciona en esos espacios es su vínculo con funcionarios de organismos internacionales o con alguna organización en los países de donde provienen. Así, lo que importa es que “sean” y se vean como “indígenas”, usando el lenguaje promovido por esos organismos y asumiendo posturas de victimización para llamar la atención, siendo de ese modo expresiones de identidades postizas al gusto de los organizadores.

III.

En Bolivia, el uso de la categoría “indígena originario campesino” expresa las limitaciones sobre cómo se entienden las relaciones sociales, y en específico, con respecto a las poblaciones racializadas, las cuales viven en su mayoría en las ciudades y se dedican a actividades “informales”. Se asume que, por ejemplo, los aymaras como “indígena originario campesinos” son seres que única y “naturalmente” viven en el campo o en el área rural. Pero esto es más un prejuicio que recuerda a la idea de “ciudad de españoles y ciudad de indios”.

Los procesos de estratificación social, la inserción en los circuitos de circulación de mercancías, etc., hoy por hoy nos muestran que entre los “indígenas” andinos se está dando un fuerte proceso de diferenciaciones sociales [diferenciaciones de clase]. Claro que este no es un fenómeno nuevo, sino que se asienta sobre procesos anteriores. Por ejemplo, la Reforma Agraria (1953) dio lugar a un proceso de desplazamiento poblacional de las áreas rurales hacia las ciudades y así, en los 90’s más de la mitad de los habitantes del país vivían en las áreas urbanas y periurbanas, irrumpiendo en distintos tipos de ocupaciones laborales. Pero además, los flujos económicos mundiales también han incidido, lo que se expresa en la fuerza económica de sectores aymaras vinculados al comercio de mercaderías chinas, entre otras.

Si bien hay “indígenas” que cultivan la tierra, también hay quienes se dedican a otras actividades o/y las combinan, como el transporte, la minería cooperativizada, la docencia universitaria, la música, el deporte, el comercio, etc., etc., etc. El comprender esta realidad es algo imposible si todo se desfigura con la noción de “indígena originario campesinos”.

Como ya se ha indicado, “indígena” ha sido la forma general de nombrar a los colonizados. Por su parte, la palabra originario fue una categoría colonial para diferenciar a los “indios” en función a la tributación (indios agregados, forasteros y originarios). Cierto que con la palabra originario se busca nombrar genéricamente a “poblaciones originales” del lugar, que se originaron en él, pero la humanidad es originaria de África y el uso del término solo siembra más prejuicios. El término campesino se refiere básicamente a una condición económica pero que no logra expresar la estratificación existente entre las poblaciones “indígenas” (racializadas).

Los “indígena originarios campesinos” serían los que viven en el campo, renuentes a los cambios, pero esta idea recuerda más a los menonitas que a los aymaras, por ejemplo. Los citadinos serían mestizos que antes se decían criollos y que "no se mezclan con lo ‘indios’ pues eso es cosa del pasado y no habría porque volver a hacerlo”. Entonces, los cambios sociales que viven y protagonizan los “indígenas”, posicionándose en nuevos espacios económicos, son asumidos como cambios biológicos (mestizaje), pues se los lee en términos racializados y así se reproducen categorías coloniales.

Carlos Macusaya Cruz

Nota: el presente artículo es una versión ligeramente retocada del que se publicó en la revista América Crítica (Vol. 1, n° 1, giugno 2017), material que puede ser descargado en pdf: http://ojs.unica.it/index.php/cisap/article/view/2943/2537