En Bolivia no hay racismo, indios de mierda

 "En Bolivia no hay racismo, indios de mierda". Apuntes sobre un problema negado, de Carlos Macusaya

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El racismo en la crisis...

(Este texto es parte del libro “En Bolivia no hay racismo, indios de mierda”. Apuntes sobre un problema negado)

Por: Carlos Macusaya

Me gustaría dejar en claro, aunque es una obviedad, que lo sucedido en Bolivia entre octubre y noviembre del 2019, que dio lugar a la renuncia de Evo y a la conformación del actual gobierno, es objeto de disputa. Empero, hay una versión que se ha ido promoviendo desde el nuevo bloque de poder y varios medios de comunicación; versión en la que, omitiendo hechos de racismo, violencia y negociaciones con miembros de las fuerzas del orden, se presenta aquello como una “recuperación de la democracia” mediante una “revolución pacífica”.

Considero que aquellos hechos fueron el inicio de una crisis que aún no se ha resuelto. En esta sección voy abordar el racismo en esa crisis irresuelta. Entonces, para concertarme en el tema me veo obligado a dejar muchos aspectos fuera del análisis, otros los voy a tomar solo de manera tangencial en relación a un par de hechos que, desde mi punto de vista, expresan cómo el racismo es parte de esta crisis. Previamente voy a hacer una contextualización escueta, pero necesaria.

Del proceso electoral al inicio de la crisis

Las elecciones del 20 de octubre del 2019 fueron precedidas por varios hechos importantes. En el referéndum del 21 de febrero del año 2016, por una mínima diferencia y en medio de denuncias de corrupción, además de “el caso Zapata”, el MAS perdió la posibilidad de modificar la Constitución para habilitar a Evo Morales como candidato en la siguiente elección. Esa victoria antimasista fue llamada, posteriormente, “21 F” y se la enarboló contra la candidatura de Morales.

Ante esa derrota, el entonces gobierno del MAS, valiéndose de su situación de poder, buscó la manera de justificar una nueva reelección de su líder, a pesar que la Constitución no lo permitía. A finales del mes de noviembre del 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante una Sentencia Constitucional, habilitó a Evo Morales y a García Linera para que puedan terciar en las elecciones, hecho que, en varios sectores, generó una temprana desconfianza en el proceso electoral venidero.

Asimismo, el MAS impulsó la realización de elecciones primarias bajo el argumento de democratizar la designación de los candidatos en los partidos. Estas elecciones, inéditas en el país, se realizaron a finales del mes de febrero del 2018. Sin embargo, más allá de la “democratización interna en los partidos” que se decía buscar con las elecciones primarias, estas fueron un recurso del MAS para darle aura de legalidad a su candidatura.

Con todo eso y más, el proceso electoral siguió su marcha. Las campañas electorales que los diferentes partidos desarrollaban fueron de las más pálidas que se han dado en el país y en esa situación el único que llamó la atención fue el entonces desconocido Chi Hyun Chung, candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). La candidatura oficialista, muy confiada, se limitó a ofrecer estabilidad. Por su parte, el candidato más fuerte de la oposición, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), no se esforzó mucho por ganar votos en su campaña, sino por recordar que Evo Morales no estaba respetando el “21 F”. Su slogan de campaña, “ya es demasiado”, muestra que no apuntaba a ganar, sino a tratar de desgastar al MAS. De hecho, CC no mostró interés ni se esforzó por llegar a otros sectores sociales.

En todas las encuestas el MAS era el favorito, aunque con porcentajes bajos respecto a sus anteriores participaciones electorales. En esa situación a Mesa y a sus circunstanciales aliados no les quedó otra que apelar al “voto útil”, como diciendo: “está bien, no creen en mí; pero por lo menos denme su voto para que Evo Morales no siga en el poder”. En otras palabras, no estaban preocupados por ganar las elecciones porque no tenían la fuerza para ello, a pesar de tener un importante apoyo; querían llegar a una posible segunda vuelta para aglutinar el voto antimasista que no lograban cautivar en primera vuelta.

En Santa Cruz, a pocos días de realizarse las elecciones, los cívicos dieron un giro e hicieron campaña por el “voto castigo” al MAS. El candidato cruceño Oscar Ortiz estaba en el tercer lugar en la intención de voto en su propia ciudad y en esa situación fue dejado de lado y se apostó por el “voto castigo”, que, por las circunstancias, favorecía a Mesa; pero no porque los convencía, sino porque no tenían otra opción. En ese momento su apuesta era sacar a Evo Morales como sea, aunque para ello tuvieran que votar por Carlos Mesa.

Llegó el día de las elecciones y todo transcurrió con normalidad y mientras se conocían los resultados preliminares, que favorecían al MAS, Evo Morales se dio por ganador. Por su parte, Mesa, sus partidarios y ocasionales aliados, empezaron festejando una segunda vuelta, que para ellos era un triunfo. Es decir, festejaban el segundo lugar con una posible diferencia favorable para un balotaje. Empero, la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), una medida que no tenía ningún valor legal y que había sido implementada para generar confianza en el electorado, dejó de actualizar sus datos cuando la diferencia entre el MAS y CC se iba acortando. Este hecho fue tomado y denunciado por grupos opositores al gobierno del MAS como una evidencia de fraude electoral, idea que había empezado a ser posicionada varios meses antes.

El ambiente se fue saturado de desconfianza, lo que se incrementó al pasar los días. Los opositores al gobierno de Evo Morales llamaron a movilizarse y a defender su voto. Se dieron movilizaciones de sectores sociales que no suelen hacerlo, las llamadas “clases medias”. Estas movilizaciones fueron radicalizándose y pasaron de pedir la segunda vuelta a la renuncia de Evo Morales, quien era calificado como “dictador”. Se convocó a un paro cívico, el cual se imponía en varios lugares, como en Santa Cruz, mediante una especie de dictadura cívica, pues grupos de choque iban con armas a zonas identificadas como “masistas” para obligar a los habitantes de esos lugares a acatar el paro. Así se produjeron enfrentamientos que dejaron dos muertos.

La violencia era parte de muchas de esas movilizaciones y un ejemplo de ello es que a inicios de noviembre grupos de choque incendiaron la alcaldía de Vinto, en Cochabamba, y ultrajaron a la alcaldesa de ese municipio, Patricia Arce Guzmán, del MAS. La situación se iba complicando más para el gobierno y los movilizados se ponían cada vez más violentos.

El viernes 8 de noviembre se producen motines policiales, lo que debilita enormemente al gobierno del MAS. Por su parte, los opositores piden la renuncia de Morales. Al siguiente día se reportaban quemas de viviendas y amenazas de muerte a personas relacionadas al gobierno y a sus familiares. Al siguiente día se denuncia que varias personas procedentes de Potosí y que se dirigían a La Paz para pedir la renuncia de Morales, fueron torturadas en el municipio de Vila Vila (Oruro). El domingo 10, muy temprano por la mañana, un informe preliminar de la OEA señala que habrían existido “irregularidades” en los comicios del 20 de octubre. Al poco tiempo, Evo Morales plantea llamar a nuevas elecciones. La Central Obrera Boliviana (COB), que era aliada del gobierno, le retira su apoyo y las Fuerzas Armadas, mediante el comandante en jefe Willimas Kaliman, le piden la renuncia a Morales, lo cual se concreta poco después.

Se produce una espacie de vacío de poder y se genera un ambiente de incertidumbre. En esa misma fecha, pero ya por la noche, grupos de delincuentes, de manera sistemática, atacan distintos barrios en La Paz y El Alto. No había gobierno, la policía estaba amotinada y los ciudadanos, en distintos puntos, recurrieron a autoorganizarse, haciendo vigilias, para velar por su seguridad. En La Paz esto duró un par de días, pero en El Alto se extendió por más tiempo.

Masacre de indios: el caso de Senkata

Las movilizaciones de la “clase media” no lograron articular a otros sectores. En las ciudades de La Paz y El Alto, la vida transcurría casi con normalidad, salvo en algunos puntos en los que se concentraban estas movilizaciones en el caso de la hoyada paceña. Por ejemplo, no había desabastecimiento de alimentos. La fuerza de la “clase media” no alcanzaba para sacar a Morales de la presidencia, a la vez que la mayoría de la población permanecía indiferente y solo contemplaba lo que pasaba; pero la situación cambió con los motines policiales y el pedido de las Fuerzas Armadas. Fue esto lo que determinó la renuncia de Morales. Hoy sabemos (por videos que han circulado y porque personajes involucrados, como Luis Fernando Camacho, lo han reconocido) que hubo negociaciones entre quienes promovieron esa movilizaciones y altos mandos de las fuerzas del orden. No fue, por lo tanto, “un acto heroico por la recuperación de la democracia”.

En un programa de la feminista María Galindo, trasmitido por Radio Deseo en enero de este año, Waldo Albarracín, entonces Rector de la UMSA, mencionó que fue convocado a una reunión, poco después de la renuncia de Evo Morales, “a instancias de la iglesia católica” en la Universidad Católica; reunión en la que, al margen de la Asamblea Legislativa, se definió que Jeanine Añez sea posesionada en el cargo de presidente. Además de él, en aquella reunión habrían participado Jerjes Justiniano (allegado a Luis Fernando Camacho), Ricardo Paz (allegado a Carlos Mesa), e incluso el embajador de Brasil, entre otras personas (en una columna censurada por el periódico Página Siete, Galindo menciona, además de arreglos económicos, que también habría estado presente Jorge “Tuto” Quiroga).

De esa manera, Añez pasó de ser una desconocida senadora mediocre y opositora al MAS a ser posesionada, por un militar, en el cargo de presidente del país el martes 12 de noviembre. Iniciaba así un gobierno que se ha pospuesto “sentar la mano a los indios”, intención que marcó las movilizaciones previas y que se puso de manifiesto cuando en distintos lugares varios civiles y policías retiraron y quemaron la wiphala. Era una “declaración de guerra” a los indios. Lo sucedido con la wiphala era una negación de la igualdad y, por tanto, una agresión a grandes sectores de la población por su origen. Esto generó protestas espontáneas en varios puntos del país.

La situación había cambiado con respecto a las movilizaciones previas a la renuncia de Morales y ya eran otros actores los movilizados. Se empezó a generar desabastecimiento de alimentos y muchas actividades económicas se paralizaron, algo que muestra la diferencia en incidencia y fuerza con las movilizaciones de la “clase media”. Un epicentro de las protestas fue la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto (Sacaba, en Cochabamba, fue otro epicentro). En el lugar se encuentra una planta de gas y la misma fue bloqueada, como medida de protesta, para cortar el abastecimiento de ese insumo.

El 16 de noviembre Jeanine Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078, mediante el cual eximía de cualquier responsabilidad penal a los militares. La noche anterior ya se contaban diez muertos en Sacaba. Se dijo que esas bajas eran fruto de enfrentamientos con “fuego cruzado”, pero en el bando militar no hubo ningún muerto (¿Fuego cruzado con bajas en un solo bando?). Un par de días después, el 19 de noviembre, el nuevo gobierno decide enviar un contingente de policías y militares para desbloquear la planta de Senkata. El resultado fue una masacre. Inicialmente se reportaron tres fallecidos y una treintena de heridos, pero la cifra fue creciendo. El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que los movilizados eran terroristas que querían hacer estallar la planta con dinamita, pero no presentó ninguna prueba que respaldaran sus acusaciones (y hasta el día de hoy no se ha demostrado).

Al siguiente día, el miércoles 21, en la zona Sankata se realiza el velorio de los asesinados. El jueves 22, los vecinos del barrio y de otras zonas de El Alto, protagonizan una marcha masiva con los féretros de los muertos y se dirigen a la plaza Murillo, donde se encuentra el palacio de gobierno. Varios vecinos de las laderas de la ciudad de La Paz también se suman. La movilización fue multitudinaria, pero se la reprimió un par de cuadras antes de llegar a la plaza. Producto de ello, tras resistir las agresiones, los manifestantes se fueron dispersando con una bronca intensa (estuve ahí y quedé con la impresión de que esa bronca podría estallar en otro momento). Este hecho dio paso a que las movilizaciones fueran disminuyendo y a que se generara una “calma tensa”.

Por otro lado, es pertinente notar que la masacre fue justificada construyendo la imagen de un enemigo colectivo. Tanto la retórica de los nuevos gobernantes como la de los “informativos” apuntaron, deliberadamente, a señalar como enemigo a los movilizados, calificándolos de “hordas” y “terroristas”, entre otros. Ello asentado en el sentido racializado que se tiene sobre la población de El Alto, permitió al nuevo gobierno avivar aún más, en varios estratos poblacionales, el rechazo a los “indios”. En esa situación de racismo exacerbado, el gobierno no necesitó probar que los masacrados eran terroristas. Ya muchos estratos estaban convencidos de la animalidad de “los alteños”.

Pero, además, la masacre de indios fue de la mano con la “masacre informativa”, la que permitió su justificación y sin la cual el nuevo gobierno no hubiera podido imponerse. Así cómo el ministro Murillo no probó ninguna de sus acusaciones, los informativos tampoco buscaron corroborar lo que decía en tanto eran parte de la “pacificación”. El ejemplo más claro de ello es la supuesta intención de hacer estallar la planta de Senkata y que sintetiza como operaron conjuntamente el poder político y mediático.

Recordemos que un muro perimetral de la planta había sido derrumbado y Murillo afirmó que eso lo habían hecho los “terroristas” mediante el uso de dinamitas, para luego hacer estallar la planta; por eso los militares habrían actuado “heroicamente” quitándoles la vida. Sin embargo, en redes sociales circulaban videos en los que se ve, claramente, que ese muro fue tumbado a empujones y no con dinamita (además de algunos testimonios que cuentan que tumbaron el muro con la intención de rescatar a algunas personas que habrían sido detenidas por lo militares y conducidas al interior de la planta); lo que echaba por el suelo las acusaciones de Murillo.

La mayoría de los medios, empero, estaban en la tarea de justificar lo que decía el gobierno y por ello “masacraban” toda información que pudiera desmentir lo que era el discurso oficial. No solo ignoraron, deliberadamente, las evidencias que mostraban que lo que decía Murillo era totalmente falso, sino que, además, publicaron “notas informativas” en las que se decía lo que hubiera sucedido si los “terroristas” lograban su supuesta intención. Así avalaban la versión del gobierno, a pesar de las evidencias que la desmentían. Ese tipo de “información” estaba destinada a generar simpatía por el accionar militar y desprecio por los movilizados y asesinados. Tristemente, ese fue el papel de muchos periodistas y medios de comunicación en la masacre de indios (sobre lo incoherente de “los terroristas querían hacer estallar la planta” sugiero leer el esclarecedor artículo de Guido Alejo, titulado La masacre de Senkata: consideraciones sobre la legitimación estatal de la represión)

Es “curioso” que cuando se masacra indios, en una situación saturada de racismo, se da por hecho que son culpables y, por tanto, se merecen tal suerte. No haría falta probar nada porque siendo considerados inferiores, irracionales, inmorales, subhumanos, es creíble que sean “capaces de…” y, por lo mismo, no merecerían un tratado justo, presunción de inocencia, debido proceso, etc., aspectos que no se les negaría a muchos “q’aras”. Además, no hay que perder de vista que el Decreto que eximía a los miliares de responsabilidades se promulgó para masacrar indios y así infundir miedo en sectores que, potencialmente, podían movilizarse. Los medios masacraron la información para lograr justificar la masacre y evitar la “solidaridad étnica”. De ese modo el gobierno “pacificó” el paús, mandando a “descansar en paz” a los indios “terroristas” y para ello no solo contó con los militares, sino con varios medios de comunicación.

Del disimulo a la explicitación del racismo

El racismo pasó de ser “disimulado” en las movilizaciones que predicaron la renuncia de Evo Morales a ser explicito luego de ella y esto ha marcado al gobierno de Áñez.

Quienes se habían movilizado contra la reelección de Morales, pidiendo, posteriormente, su renuncia, no eran grupos homogéneos, pero lo que los articulaba era el ser antievistas. Entre ellos habían ecologistas, ultra religiosos, feministas, indigenistas, trotskistas, liberales de todo tipo, etc.

Aproximadamente, una semana después de las elecciones del 20 octubre tuve que ir a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para hacer un trámite. Fuera de la universidad, en el atrio, se estaba concentrando gente para protestar contra el “fraude electoral” de Morales (hasta ahora no se clareció el caso en instancias oficiales). Pude notar una cosa que grafica cierto aspecto de la composición de los movilizados en esos días: vi a un grupo de muchachos que, enarbolando el marxismo, estaban hablando apasionadamente sobre lo neoliberal que era el gobierno del MAS; un poco más abajo, vi a otro grupo que hablaba sobre lo comunista que era el mismo gobierno y sobre la necesidad de un golpe de Estado “para salvar la patria”. Estos dos grupos, que uno supondría diametralmente opuestos, confluían en las movilizaciones de protesta contra el MAS. No se cuestionaban entre sí y se toleraban, en tanto asumían tener un enemigo común.

En esas movilizaciones se dieron hechos marcados por gestos de racismo, desde el lenguaje hasta la violencia física. Varias personas, por sus rasgos físicos o por su forma de vestir, fueron objeto de agresiones racistas (circularon varios videos al respecto en redes sociales). En muchos casos, entre los movilizados se hacían llamados tales como: “no digas indio, di masista”. No excluían de las movilizaciones a los racistas, sino que les pedían que disimulen su racismo, como si estuvieran diciendo: “todavía no… todavía no…” (Esperando el momento en el que no haga falta disimularlo).

Los medios de comunicación se ocuparon en no mostrar esos hechos o, en los pocos casos en los que sí lo hicieron, tuvieron el cuidado de presentarlos como hechos aislados y en los que los agredidos eran culpables de las agresiones que sufrían. Y es que la “línea informativa” era generar una imagen en la que esas movilizaciones parezcan ser pacíficas. Por su parte, dirigentes del MAS se movilizaron protagonizando, en varios casos, hechos de violencia que fueron bien explotados por sus opositores y varios “informativos”. Sin embargo, cuando los actores que se movilizaron fueron otros, después de la renuncia de Morales, la situación cambió.

El retiro y la quema de la wiphala, el mismo día que Morales dimitió a su cargo, era la “señal” para el momento de dejar de disimular el racismo; la hora del racismo explicito había llegado. Las movilizaciones espontaneas que se generaron, principalmente compuestas por jóvenes, en protesta por lo sucedido con la wiphala, un día después y que se extendieron por varias jornadas, fueron descalificadas y fueron acusadas de ser solo de “masistas” y delincuentes. Ciertamente, como suele pasar en momentos de crisis y aglomeración, más aún en esa situación en la que había un vacío de poder, muchos delincuentes vieron una oportunidad y no la desaprovecharon; pero esas movilizaciones no se pueden reducir a ello como no se podría decir que la Entrada Universitaria es una entrada de delincuentes porque muchos delincuentes aprovechan la aglomeración que en ella se da para hacer lo que saben: delinquir. Sin embargo, muchos medios de comunicación se ocuparon, afanosamente, en sobredimensionar un aspecto en estas movilizaciones, dejando de lado muchos otros; pero así cumplían su “abnegada” labor de “construir al enemigo” ante la “opinión pública”.

Respecto a que eran movilizaciones promovidas por el MAS habría que recordar que este partido, ya antes de la renuncia de su líder, había perdido la capacidad de movilizar a sus bases. En las movilizaciones en defensa de la wiphala, que se desarrollaron con recursos precarios (como altavoces, que no eran muy útiles en las concentraciones para hablar a miles de personas), los dirigentes del MAS aún estaban en “shock”, “paralizados” y temerosos por lo que significó la renuncia de Morales. Pero lo que en está descalificación hacia las movilizaciones se hacía notorio, y que persiste hasta ahora, fueron las ideas racistas, que los “indios” serían incapaces de movilizarse por sí mismos y solo podrían hacerlo si alguien los “utiliza”.

A su vez, en aquellas movilizaciones se volvió a usar el estribillo “ahora sí, guerra civil” que, por lo menos en mi caso, lo oí por vez primera en las movilizaciones de octubre del 2003. El dato es importante porque en las movilizaciones en defensa de la wiphala, este estribillo se usó en referencia a que estaban dispuestos a luchar como lo hicieron el 2003. Posteriormente, muchos “defensores de la democracia” usaron ese estribillo, en memes y comentarios racistas, para justificar la masacre.

Desde aquellas movilizaciones la figura de “masistas” se fue usando de manera más intensa como sinónimo de “indios de mierda”. Comentarios y publicaciones en redes digitales se dirigieron a señalar a los “masistas” como quienes hablaban mal el castellano (con acento aymara, principalmente), quienes vestían poncho o pollera, quienes vivían en El Alto, quienes tenían piel morena, ojos rasgados y nariz aguileña, etc. Es decir, se identifica a los “masistas” de manera racializada: indios (desde luego, muchísimos de quienes hacían esta identificación entre indios de mierda y masistas tenían “cara de indio”). Ello, a su vez, por parte de quienes así los identificaban, supuso presentarse como superiores moralmente, cultos, modernos, etc. En ese esquema se justificaba las masacres, ya que, los indios, por su inferioridad y por el peligro que representaban para “los buenos”, eran gente desechable. “Métanles bala”, decían.

Es bueno notar que estas agresiones racistas, además de ser toleradas y hasta avivadas por muchos “defensores de la democracia”, expresaban también la diferencia que suele hacerse entre los “verdaderos indígenas” y los “indios de mierda”. Cuando alguna imagen aparecía en la que algunos movilizados vestían, ropa tradicional, jeans y tenis, se hacían comentarios y hasta memes en los que se ponía en duda su “autenticidad indígena”; asimismo, esas mismas personas, en otras publicaciones y refiriéndose a las mismas movilizaciones, las catalogaban de “t’aras”, “indios ignorantes”, “masiburros”, etc. Es decir que no los reconocían como “auténticos indígenas”, pero si los consideraban “verdaderos indios de mierda”.

Si bien con la “pacificación” las movilizaciones fueron cesando, las expresiones de racismo seguían inundando las redes sociales y, en muchos casos, llegaban a manifestarse en distintas situaciones en las calles, donde personas fueron agredidas, no solo verbalmente, por su apariencia física o procedencia.

Un momento que expresa la intensidad del racismo se dio a inicios de marzo. Con motivo del aniversario de la ciudad de El Alto, la Cámara de Senadores instaló una sesión de honor en la sede vecinal de la zona 25 de Julio de esa misma ciudad, el 5 de marzo por la mañana. Familiares de los masacrados en Senkata y activistas por los derechos humanos se reunieron a las afueras de la sede para protestar y la policía los reprimió usando gases lacrimógenos. Algunos de esos gases fueron a dar a una escuela ubicada muy cerca del lugar. Circuló un video donde se veía a niños de esa escuela llorando e incluso uno de ellos sangraba.

Pero las reacciones que más se dieron ante ese material fue la burla, con comentarios racistas y “me divierte”. Todo ello dejaba claro que en varios segmentos de la población hay una disposición a la violencia militar y policial para “sentar la mano” a los indios, sin importar si son niños o ancianos, culpables o inocentes de lo que se les acusa. Así como muchos alemanes, en su momento, vieron como justo el trato nazi a los judíos e incluso lo festejaron, hoy en Bolivia se ve como justo y se festeja la violencia contra los indios.

El ingresar a cuarentena para evitar la propagación del coronavirus permitió que mucha gente tenga más tiempo para expresar su odio a los “indios de mierda” en redes sociales. Abundaron comentarios y memes racistas en los que se animaliza a los “masistas”. Y es que se fue normalizado decir masista, como sinónimo de indio de mierda, a cualquier persona que critica al gobierno de Áñez. Descalificar a alguien, sin importar lo que diga o lo que vaya a argumentar, se hace diciéndole “debe ser masista” o “masista eres pues, fíjate tu cara” (claro que cuando uno se fija en la cara de quienes suelen hacer ese tipo de comentarios, muchos tienen “cara de masistas”).

Se puede decir que la pandemia del coronavirus fue precedida en nuestro país por la pandemia del racismo y que en la cuarentena se agravó. Siendo Bolivia un lugar en el que la “economía informal” es más grande que la formal, el gobierno dispuso una cuarentena como si fuéramos Inglaterra o Alemania, sin considerar cómo la mayoría de las personas en el país se ganan el pan de cada día. Muchas familias rompían la cuarentena, lo que se notó más en algunos lugares de El Alto, pero esto no sucedió solo en esa ciudad.

El Alto, así, en general, ya era el principal blanco de las agresiones racistas en redes sociales y con los casos de infectados en la cuarentena, esto aumentó. No faltó un desubicado que aseguraba que el coronavirus no le podía afectar por comer chuño, lo que se usó hasta el cansancio para ridiculizar a los habitantes de esa ciudad. Incluso se daban comentarios como “hubiera sido bueno que hagan estallar la planta de Senkata” para no tener que soportar a los alteños; pero, para estas personas, el coronavirus podía ser útil en ese propósito y así lo expresaban. Los alteños fueron catalogados, de distintas maneras, como un peligro para la salud; sin embargo, la mayoría de los casos de contagios de covid-19 en el departamento de La Paz se han dado en la ciudad de La Paz y en barrios “jailones”, barrios de “no indios”. Claro que los “defensores digitales de la salud”, que condenan a los alteños, no hicieron memes racistas contra los “blancos” ni los ridiculizaron.

El Alto es una ciudad con más habitantes que La Paz y, a pesar de ello, cualquier hecho que sucede ahí, sea negativo o no, es a tribuido a “los alteños”. En esto opera la racialización, tomando a los habitantes de esa urbe como un conglomerado indiferenciable y determinado por un sustrato: el ser “indios de mierda”.

Un par de días después que retiraran y quemaran varias wiphalas, en noviembre del 2019, mientras me encontraba en un transporte público, oí a una señora de pollera decir, entre otras cosas: “si eso hacen con la wiphala, ¿qué van a ser conmigo?”. Ella, que seguro no era profesional y tal vez ni pasó por la universidad, tenía claro lo que ese acto significaba.

El gobierno de los revanchistas

El carácter del gobierno de Añez ha sido claramente revanchista e incluso ha mostrado intenciones y gestos de “desciudadanizar”, retroactivamente. Es decir, quitar derechos a poblaciones que ha identificado como sus enemigos, los “salvajes”, sobre hechos ya dados. Empero, esto no se reduce a los miembros del gobierno, sino que deriva del grupo social al cual representa, donde no están dispuestos a soportar que “los indios se aprovechen de ser mayoría”.

Un aspecto que muestra esas intenciones de desciudadanización se expresa claramente en calificar los catorce años de gobierno de Evo Morales de “dictadura”, como lo han hecho miembros del gobierno actual y varios de quienes en sus inicios fueron sus aliados. Recordemos que el MAS ganó las elecciones del 2005 con más del 50 % de los votos en un momento de fuerte politización de la identidad étnica. En las siguientes dos elecciones superó ese porcentaje; también se vio muy favorecido en las elecciones para la Asamblea Constituyente y en la aprobación de la nueva Constitución que hoy está vigente (bueno, “más o menos”). En estos procesos, la autoidentificación indígena tuvo relación con el voto mayoritario que favoreció al MAS (Puede verse al respecto Eje del MAS: Ideología, representación social y mediación en Evo Morales Ayma, de Rafael Loayza).

Calificar de dictadura los catorce años del gobierno del MAS apunta a desconocer el voto de esa población que además de apoyar a Evo Morales se autoidentificó, mayoritariamente, como perteneciente a un pueblo indígena. No es lo mismo decir que Morales, desconociendo los resultados del “21F”, usó el poder para violentar la Constitución y habilitar su candidatura para las elecciones del 2019 (lo que es totalmente cierto) que decir “fueron catorce años de dictadura”. Además, digo que apunta a desconocer ese voto porque tienen la intención de “volver a la República” sin importarles que, en un referéndum (un acto democrático) se aprobó la actual Constitución en la que se define al Estado como Plurinacional. Es como si dijeran: “no importa lo que hayan decidido los indios con su voto”.

En lo personal, me parece que la retórica y política plurinacional que el MAS promovió están llenas de pachamamadas, además de medidas que en lugar de contribuir a luchar contra el racismo lo han acentuado, por ejemplo, abriendo “universidades indígenas” cuando las universidades públicas y privadas están “inundadas” por los “hijos de los indígenas” (Véase al respecto mí: Dejar lo plurinacional e Indigenización y desindigenización). Sin embargo, me queda claro que, por una parte, muchísima gente asume lo plurinacional como respeto y “garantía” a no ser discriminados por su origen; por otra parte, el cambio que pueda hacerse sobre la definición del Estado como Plurinacional no puede ser capricho de unos cuantos incapaces de “seducir” el voto indio, sino que debe pasar por la “voluntad popular” y en esa situación deberían esgrimir los argumentos (si los tienen) para “volver a la República”.

Uno de los principales portavoces de esta intención de desciudadanización es Jorge “Tuto” Quiroga, quien no pierde oportunidad para calificar de dictadura los catorce años del gobierno del MAS. Bueno, no se puede esperar mucho de un tipo que viene a turistear a Bolivia cada vez que le pica o se le antoja ser presidente. Pero si llama a Evo Morales dictador, ¿por qué no llama, por ejemplo, a Carlos Mesa “vocero del dictador”? Recordemos que Mesa fue vocero de la demanda marítima, desde el 2014, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Es curioso que, en este tormento por los catorce años de gobierno del MAS, muchas personas presentan la situación más o menos así: antes de Evo todo era maravilloso y el país era un paraíso. Es curioso porque se parece a la idealización que se hizo sobre el pasado precolonial y que fue muy explotada en el gobierno del MAS: antes de la llegada de los españoles todo era maravilloso y estas tierras eran un paraíso. Pero el mundo precolonial no fue un paraíso: se producían guerras entre diferentes grupos, existían formas de jerarquización y sometimiento, había un patriarcado autóctono, etc. “Antes de Evo”, guste o no, el país estaba sumido en la pobreza, se hablaba de esa pobreza mientras “los de siempre” se enriquecían, los partidos políticos no representaban a la población, etc. Estos aspectos (y varios otros) condicionaron que Morales llegue a ser electo como presidente. Si el país hubiera estado bien “antes de Evo”, pues Evo no habría llegado ser presidente; no se habrían dado las condiciones para elegir a alguien distinto, en su origen social, a “los de siempre”.

Asimismo, los constantes ataques racistas contra los habitantes de El Alto también tienen que ver con lo anterior. Se trata de una revancha porque “los alteños” no solo han dado su voto mayoritariamente al MAS, sino que tuvieron el “atrevimiento” de hacer que Gonzalo Sánchez de Lozada renuncie al cargo de presidente, en octubre del 2003, y pedir la nacionalización de los hidrocarburos. Estos hechos abrieron la posibilidad de que Evo Morales llegue a la presidencia, a pesar de que él ni siquiera jugó un papel destacado en ellos; pero es algo que no se les perdona a “los alteños”.

Una clara evidencia de ese revanchismo en el gobierno de Añez, además de las masacres, fue el “humanitarismo selectivo”, en plena cuarentena. Por un lado, impidió que muchos ciudadanos bolivianos ingresaran al país por Pisiga (frontera con Chile), mientras que, por otro lado, daba vía libre a “vuelos humanitarios” procedentes de Estados Unidos. Desde luego, existen diferencias de procedencia social entre quienes habitualmente viajan a Estados Unidos y quienes lo hacen a Chile por tierra. Los “indiecitos”, por lo general, son quienes viajan a Chile por tierra y fue a las personas de esa procedencia a las que se les impidió ingresar al país, negando sus derechos como ciudadanos; mientras otros gozaban del trato humanitario que se les negaba a ellos.

La ministra de relaciones exteriores, Karen Longaric, incluso justificó el que se impida ingresar al país a esas personas aduciendo que Bolivia era un país pobre. Empero, el gobierno no consideró que Bolivia era un país pobre a la hora de brindar vehículos del Estado para la realización de “misas áreas” en cuarentena; tampoco les importó la pobreza del país a la hora de facilitar vuelos para festejar el cumpleaños de la hija de Añez. Además de ello, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, socio político del gobierno, firmó un contrato millonario con un Hotel de lujo para atender casos de Covi-19. No vio la pobreza que veía Longaric.

Otro caso que puso en claro el racismo en este gobierno, fue el que protagonizó a finales de mayo el ahora exministro de Minería, Fernando Vásquez, quien declaró que siendo él “blanco y de ojos verdes” no cumplía los “requisitos para ser masista”. La asociación entre rasgos físicos y militancia política es un aspecto del racismo: se supone la posición política de una persona a partir de sus rasgos somáticos. En este caso es como si Vásquez dijera: “mírenme, no tengo cara de masista (indio), no me parezco, afortunadamente, a la mayoría de los bolivianos”. Bolivianos que se consideran blancos en el país suelen pasar a la categoría de “personas de color” cuando van a Europa o Estados Unidos. Seguramente, en esos lugares, muchos podrían ver a Vásquez como un “sudaca” que siente cierto consuelo al asumirse “blanco” en un país de “indios”.

Si bien Vásquez fue destituido por Añez (con la intención “salvar” su imagen) debe quedar claro que su designación no fue un accidente. No es que “recién se dieron cuenta que era un racista”. Este tipo hizo una gran cantidad de publicaciones racistas en su cuenta de Facebook y Twitter, lo cual no pudo pasar por alto entre quienes decidieron su designación como ministro. De hecho, se puede afirmar que precisamente ese odio a los indios fue una de las razones para su nombramiento. Lo pusieron como ministro, entre otros aspectos, por compartir el desprecio racista hacia la mayoría de los bolivianos, a los que el propio Vásquez afirmó no parecerse. Puso en claro, de esa manera, la visión del gobierno sobre el país.